Cosas Veredes

Barroso: «Lo más estratégico para acelerar la III República es la liquidación moral del Borbón»
María Tomás, Valencia

Levante 15 de Diciembre de 2008
El alcalde pide que su im****ación por llamar «corrupto» al Rey sea un juicio a la monarquía

Algo se está resquebrajando en el pacto constitucional de este país cuando el alcalde de Puerto Real, Juan Antonio Barroso (IU), famoso por haber llamado «corrupto» al rey de España y ser im****ado por el juez Grande Marlasca, de la Audiencia Nacional, por un posible delito contra la Corona que le puede costar la cárcel, no sólo no se arredra ante el trance sino que, convertido en objeto de deseo de los medios y en portavoz del ideal republicano, se pasea por la geografía española -el miércoles estuvo en el Club Diario Levante- para remarcar un discurso que si fue casual, como señaló, ahora ya se ha convertido en una estrategia.

La del desafío y la toma de conciencia sobre la «opacidad» y la «inim****abilidad» que la Constitución española reconoce a la familia real y que, según añadió, «ha favorecido un enriquecimiento delictivo tanto de él como de su entorno familiar acreditado y reconocido en los foros políticos e intelectuales de este país».

Era un motivo de discusión apropiado para la jornada en la que Barroso acudía a este Club no por casualidad. Se celebraba el 60 Aniversario de la Declaración Universal de los DD HH. Esa que reconoce que todos somos iguales ante la ley y de la que bebe esta Constitución bajo la que todavía no se ha convocado el referéndum monarquía vs república en pos de la libre elección del ciudadano.

Se presentaba también el Fòrum per la III República impulsado por la Unidad Cívica por la República. Y hacía poco que el di****ado de ERC, Joan Tardá, había lanzado el «muerte al Borbón», pero matizando su afirmación, lo que dio pie al alcalde a considerar, con su desparpajo andaluz, que el catalán «se ha cagado» y apuntarse otro tanto en la rebeldía. «No es que yo quiera matar al Borbón. Quiero que rinda cuentas él y su familia ante la justicia de este país; que vea el advenimiento de la III República como manifestación de la madurez del Estado español y su pueblo; que se vea ante el juicio de la historia y ante el juicio ordinario, para que acredite su ingente fortuna estimada en 1.800 millones de euros», afirmaba Barroso, que no le perdona ni «la obtención ilícita de su fortuna, ni la manera obscena de abandonarse al más deplorable de los consumos a costa del erario público, ni su condición amoral por los polvos pagados con fondos del Estado».

Atrevido y locuaz, el oficial tubero de los astilleros gaditanos devenido en alcalde con solera tiene ganas de ver el derrocamiento de la monarquía. Y para que ese proceso se acelere, se pone en «desacuerdo» con los que esperan la asunción intelectual de los valores republicanos. Para Barroso, el cambio de modelo pasa «por la denuncia de las tropelías de la monarquía y su deslegitimación, como todos los actos del franquismo».

Su estrategia ahora consiste en no limitar su im****ación a un debate sobre la libertad de expresión. «El juicio tenemos que convertirlo en un juicio a la monarquía con peritaje histórico por el que vayan discurriendo todos los que tienen algo que decir, como el intento de intervenir para que el gobierno autorice la venta de Repsol. ¿Para qué? para pasar el platillo».

Según sus palabras, «lo más estratégico para acelerar este proceso es la liquidación moral del Borbón», decía Barroso, para quien «el impulso republicano ha de beber de la denuncia de las fallas morales, éticas e históricas del Borbón y sus predecesores». Barroso los llama «corruptos, traidores, ladrones, amorales, golpistas, sediciosos?» y no contento, insta a «romper el cinturón de seguridad sanitario que les impermeabiliza» y que «impide que ninguna mácula pueda afectarle». Entre otras cosas, por la «connivencia de una prensa y de una clase política, en su mayoría, cortesana, bovina, genuflexa y sometida».

¿Transición o transacción?

«Las declaraciones de este alcalde son adecuadas e inteligentes», decía el presidente de la Plataforma Valenciana 14 de Abril, Roberto Ruiz. Entre otras cosas, «porque despiertan a la sociedad española con dudas sobre la fórmula de Estado más adecuada que garantice el sistema democrático». Para Ruiz, «la lucha debe ir encaminada no sólo a una simple sustitución de una jefatura de Estado. Debe visualizarse, poco a poco, como garantía de futuro en derechos y en deberes de democracia».

Para Marga Sanz, secretaria general del PCPV, el momento actual vive una esperanza que no es abstracta. Y es que «el velo impuesto de autocensura en la Transición ha caído y esa opción republicana que se nos negó como posibilidad política frente a la monarquía en la salida del franquismo empieza a surgir ligada a procesos emancipatorios y reivindicativos», tales como el feminismo, la igualdad, el ecologismo....

En su opinión, «el pacto constitucional que articuló la Transición está roto», y ha llegado el momento en que todas las instituciones y poderes reales del Estado «se sometan a la elegibilidad del ciudadano, incluyendo los que nunca han sido sometidos al veredicto de las urnas, como la jefatura del Estado». Su intención es «desenmascarar al privilegiado». Porque, como señalaba el coordinador del Club, Josep Lluís Galiana, citando a Platón: «el hombre libre no puede aprender nada como esclavo».

De hecho, para José Luis Pitarch, profesor de Derecho Constitucional y coordinador del acto, «aquí estamos explicando lo evidente», en pos del pacto de silencio. Pitarch recordaba que «no hay muerte como el olvido», al que calificó «gran socio de la impunidad», con lo que consideró la Transición, una transacción. Para Sanz, «la memoria histórica debe entenderse como un eje de resarcimiento de la verdad» y el problema aquí es que la Transición se hizo «manteniendo intactos algunos componentes nucleares del aparato del Estado franquista: el Ejército, la policía y la justicia», afirmaba.

La economía, al servicio de la mayoría

El impulso republicano como paraguas del cumplimiento de los derechos humanos. Una reforma constitucional que, después de un referéndum, abra la puerta a la III República. Una gestión de Estado que nacionalice el sistema financiero y coloque la economía al servicio de la mayoría. Una radicalidad democrática en la que ninguna instancia política quede fuera del control del ciudadano.

Son algunas propuestas de Marga Sanz en defensa de la alternativa republicana al actual modelo de sociedad «partiendo de la denuncia de que los ordenamientos jurídicos que regulan la monarquía imposibilitan la libertad, la igualdad y la justicia social. Cuando la Constitución no garantiza los mínimos derechos (trabajo, vivienda?), no sirve, porque no ha generado la sociedad de iguales que queríamos».